¿Quién debe pagar por los gastos de un trabajo? En el sector de la seguridad, la respuesta a esa pregunta se ha convertido en el centro de un conflicto laboral que podría cambiar las reglas del juego. 

UGT liderando un frente común, ha llevado a Prosegur Security y Prosegur Cash a los tribunales en Cataluña por una cuestión que afecta a miles de vigilantes: los gastos y el tiempo invertido en renovar sus permisos obligatorios.

El corazón del conflicto
El sindicato UGT promovió un conflicto colectivo ante el Tribunal Laboral de Cataluña, con la fecha de la conciliación fijada para el pasado 5 de septiembre de 2025. A esta acción se sumaron rápidamente otros sindicatos clave del sector como la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC), la Plataforma de Representación Obrera Unitaria (PROU), el Sindicato de Treballadors de Seguretat de Cataluña (STS-C) y ADN Sindical Seguridad y Servicios Cataluña (ADN).

La demanda es clara y directa, y se basa en dos puntos fundamentales:
Gastos a cargo de la empresa: Exigen que Prosegur abone los gastos de los exámenes médicos, psicotécnicos, pruebas y tasas que los trabajadores deben afrontar para renovar su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP), el permiso de armas y el carnet de conducir.

Tiempo de trabajo efectivo: Solicitan un permiso retribuido de 5 horas para realizar estas gestiones, defendiendo que el tiempo dedicado a obtener los permisos necesarios para el trabajo debe ser considerado como parte de la jornada laboral.

Sin acuerdo: el caso va a juicio
Las esperanzas de un acuerdo rápido se desvanecieron cuando la mediación en el Tribunal Laboral de Cataluña terminó sin acuerdo. Ahora, el caso se traslada a los juzgados, donde un juez tendrá la última palabra. La sentencia resultante, sea cual sea, afectará directamente a las delegaciones de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.

El sector de seguridad privada de FeSMC UGT Cataluña se muestra firme y optimista ante el futuro del caso, a pesar de no contar con el apoyo de todas las organizaciones sindicales. "Lamentamos que la unidad de acción no sea completa, echamos en falta a otros sindicatos con implantación en estas empresas. Es un despropósito esperar para luego, con la sentencia, actuar", afirman desde el sector.

El caso de Prosegur es un recordatorio de que la lucha por los derechos laborales continúa. La sentencia podría sentar un precedente importante en el sector, y desde aquí seguiremos informando de cada avance.