SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS AUXILIARES | EL GOBIERNO DEBE ATENDER LA PETICION DE UGT Y MODIFICAR EL MODELO DE CONTRATACION PUBLICA EN NUESTRO PAIS

Mantener la Ley de Desindexación que no permite incrementar los precios en los

contratos públicos dificulta el papel fundamental de la negociación colectiva e incide en pérdidas de puestos de trabajo en sectores de mano de obra intensiva.

El Sindicato de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FESMC UGT ha vuelto a insistir en el día de hoy de la necesidad de modificar la denominada Ley Montoro que elimino la posibilidad de incrementar los precios durante la vigencia de los contratos públicos, así como mantiene obligatoriamente a las empresas en las prórrogas del propio contrato.

Esta situación llevada a la realidad en el sector de la seguridad privada en particular y a los servicios denominados de mano de obra intensiva en general conlleva un modelo de contratación pública basada en el precio más bajo que posteriormente lleva a las empresas del sector al cierre con elementos nefastos para el mantenimiento del empleo del personal de seguridad privada adscritos a estos contratos públicos.

El Gobierno debe reaccionar ante un modelo de contratación pública que en la

actualidad queda lejos de garantizar cualquier elemento de calidad de servicios

durante la vigencia de los contratos situando como prácticamente único elemento la oferta más económica como criterio de adjudicación. Este modelo unido a la imposibilidad de incrementar los precios durante la vigencia del contrato son elementos que actúan negativamente en los procesos de negociación colectiva así

como afectan directamente al mantenimiento del empleo.

Empresas como OMBUDS, PROSETECNISA entre otras empresas abandonaron la actividad en la seguridad privada teniendo un denominador común entre ellas, ser uno de los principales tomadores de servicios de seguridad promovidos desde la administración pública generando situaciones insoportables para las personas

trabajadoras.

UGT vuelve a insistir en que el Gobierno debe reaccionar para no seguir siendo

cómplice de un modelo de contratación que no garantiza en la actualidad estándares suficientes de calidad y mantenimiento de empleo en nuestro país. Modificar o eliminar lo dispuesto en la Ley Montero debe ser el primer paso necesario para establecer realmente un modelo de contratación pública socialmente responsable.